Cristina nos regaló ayer otro más de sus discursos épicos por cadena nacional. Esta vez la nota de color fue confesar (implícitamente) que la AFIP habría investigado a un operador inmobiliario por compartir su opinión crítica en una entrevista publicada en Clarín:

La Presidenta cruzó un límite en su escalada verbal contra los medios. En cadena nacional, y sin ponerse colorada, reveló que decidió investigar los antecedentes financieros y patrimoniales de un empresario inmobiliario. ¿Cuál fue su pecado? Dar su testimonio para Clarín en un artículo sobre la desaceleración de la economía que se publicó el domingo pasado.

 "El día domingo un diario hablaba de tres historias de la desaceleración de la economía. Una conocida inmobiliaria decía que ya no entraba nadie a raíz de las medidas del Banco Central con respecto al dólar. Y yo quise averiguar por esta pobre gente y llamé a Ricardo Etchegaray a la AFIP y este señor no presentaba declaraciones juradas desde el año 2007", dijo Cristina Kirchner en alusión a Jorge Toselli.

 Y agregó: "A veces uno se siente un poco idiota cuando paga los impuestos y a los miembros de la clase política se los señala con el dedito. Hay una decisión generalizada de apuntar a la clase política para desacreditarla".

Más allá de compartir el sentimiento de sentirse un poco idiota por pagar impuestos en un país sin ver contraprestación en bienes públicos esenciales, creo que gran parte de la sociedad está llegando al punto de saturación con un método de gobernar con aspectos fascistas como el descripto arriba. Como Cristina y su entorno perciben que el humor de la sociedad está cambiando desde que ganaran las elecciones en octubre pasado es que están en plena campaña mediática para culpar por la recesión inminente a la economía global (un absurdo con la soja en récord y petróleo a la baja), y para esmerilar a los políticos opositores obligándolos a cargar, pues ni siquiera es compartir, el costo político del ajuste. 

Uno de los que está sufriendo particularmente el acoso del kirchnerismo es Daniel Scioli. Desde que marcó la cancha anunciando que se presentaría como candidato a presidente en 2015 si Cristina no pudiese hacerlo (señal para el peronismo en la construcción del postkircherismo), le han puesto infinidad de palos en la rueda. Tal es el nivel de boicot a su gestión (con el envío de un tercio de los fondos comprometidos para el pago del aguinaldo como medida más visible) que el "golpe" a Lugo en Paraguay, tan criticado por el gobierno, parece un juego de niños en comparación. 

Corren rumores de todo tipo respecto a qué haría Scioli en esta coyuntura. Patear el tablero y presentarse con lista propia en las legislativas de 2013 (habiendo o no renunciado a la gobernación). Mantener la cuerda tensa total él gana al victimizarse mientras que el gobierno no gana nada si la Provincia se incendia, con lo cual la estrategia de confrontación falsa (falsa en la medida que Scioli se muestre en público con tono conciliador) podría estar siendo digitada en La Plata y no en Olivos. Buscar la independencia económica para ganar independencia política y levantar el perfil de la confrontación (para lo cual serviría el plan de ajuste o emergencia económica). Etc.

En mi opinión Scioli tiene que levantar el perfil de aquí a las elecciones del año próximo, porque sino corre riesgo de perder el tren (no es lo mismo posicionarse ahora que el gobierno está relativamente fuerte que hacerlo después de octubre del año que viene ante una eventual derrota, final, del kirchnerismo en las urnas). Para hacerlo, ganar independencia económica y política es esencial. Conseguir hacer un ajuste en la Provincia como lo planteó en el proyecto de emergencia económica es difícil pues debe superar una legislatura muy adversa. Pero es un camino que a mediano plazo puede explorar con la discusión del presupuesto del año próximo. 

Una alternativa es conseguir que el Congreso nacional apruebe un mayor envío de fondos por Coparticipación. Hasta ahora Scioli tenía la promesa de Néstor Kirchner que iba a recibir fondos extras para poder manejar la Provincia, desfinanciada desde la salida de la convertibilidad al tener pesificado el Fondo de Recuperación del Conurbano. A cambio él no iba a reclamar más coparticipación. Cristina rompió esta promesa lo cual libera a Scioli en su reclamo. Una forma astuta de hacerlo es pedir más plata para todos (podemos llamarlo MPPT). Como nos recordó Néstor Scibona hace unos meses al escribir sobre el (lamentable) estado del federalismo en el país, el gobierno se hizo el distraído cuando estatizó las AFJP y no devolvió un aporte que las Provincias hicieron en los noventa para financiar la transición de un sistema de reparto a capitalización:

La progresiva degradación del federalismo fiscal no puede atribuirse sólo a los gobiernos kirchneristas. Ni Menem ni De la Rúa cumplieron tampoco el mandato de la Constitución de 1994, que imponía la necesidad de reformar el vetusto régimen de coparticipación federal de impuestos. En cambio, CFK hizo su propio aporte: cuando echó mano en 2009 a otra importante caja al estatizar los aportes a las AFJP, no devolvió a varias provincias el 15% de coparticipación que habían sacrificado en los '90 para el régimen jubilatorio de capitalización privada.

Obviamente al regresar a un régimen de reparto no tiene sentido que la Nación se siga quedando con este porcentaje. Scioli puede entonces encumbrarse como el nuevo héroe de las Provincias al reclamarle públicamente al gobierno que reparta este porcentaje. Y como sería un aumento de la coparticipación habría reglas claras de cuánto recibiría cada una, lo que ayuda a sumar apoyos al reclamo. Aunque probablemente no se consiga que esta modificación sea aprobada por el Congreso, el plantear el punto le genera a Scioli, y demás gobernadores que se sumen, un rédito y a Cristina un costo. 

Y la legitimidad de este reclamo le da a los gobernadores provinciales "respaldo" para emitir cuasimonedas. Hace tres años escribí una nota en el Cronista sobre las cuasimonedas donde decía 

Otra característica del uso de cuasimonedas es que como su emisión implica reconocer el mal manejo de las finanzas públicas, las provincias evitan utilizarlas para no pagar un costo político. Sin embargo, hoy la coyuntura es diferente a la de las anteriores crisis y las provincias pueden sacar provecho de ello para utilizar bonos de emergencia con un bajo costo político. 

En la actualidad varias provincias han demandado al gobierno nacional por el incumplimiento de obligaciones financieras. Recientemente Catamarca, Córdoba, San Luis, La Pampa y Santa Fe han llevado reclamos a la Corte Suprema de Justicia por montos que la Nación supuestamente les adeuda, y por retrasos en pagos acordados. Esto distingue la situación actual de las anteriores, pues las provincias afectadas por incumplimientos del gobierno nacional podrían emitir cuasimonedas por los montos respectivos, bajo la promesa de rescatar estos títulos cuando la Nación cumpla sus compromisos. De esta manera, el costo político de las cuasimonedas se repartiría entre el gobierno nacional y las provincias. 

En este caso no estamos hablando de deudas de la Nación con Provincias, sino de ingresos que recibe la Nación y debieran recibir las Provincias, pero la lógica es la misma.