Por Enrique Kawamura

Continuamos con el comentario acerca de la situación del sector de petróleo y gas en Argentina, que inicié en el mes de marzo pasado. Aquel post había presentado algunas estadísticas básicas de producción e inversión en exploración que ponía en evidencia la tendencia declinante de la cual los gobiernos nacional y provinciales respectivos se han venido quejando desde fines del 2011.

Pero entonces la pregunta siguiente es a quién/es le atañe/n la principal responsabilidad por tal evolución. Evidentemente, los últimos documentos de la OFEPHI, junto con los intentos de funcionarios del gobierno nacional de participar en las reuniones de directorio de YPF y otras declaraciones, muestran que la visión de los gobiernos es que la responsabilidad recae pura y exclusivamente en las empresas (especialmente, en YPF). La idea es más o menos simple: las empresas concesionarias debieron haber invertido más fondos en exploración que lo que efectivamente invirtieron, y esa es la causa de la declinación no sólo en la inversión sino también en la producción. Una primera lectura del problema, entonces, es que las empresas faltaron a un "compromiso" de inversiones que, según los gobiernos (especialmente los de las provincias que detentan la propiedad de tales territorios), estaban estipulados en los contratos.

Por otra parte, leyendo alguno el último reporte disponible que YPF remitió a la autoridad regulatoria de los mercados financieros de EEUU, la Securities and Exchange Commision (SEC), en 2011, la principal empresa petrolera de Argentina sostiene que "la industria argentina del petróleo y gas ha estado y sigue estando sujeto a ciertas políticas y regulaciones que han resultado en precios domésticos que son, en algunos casos, substancialmente más bajos que los precios prevalecientes en los mercados internacionales, restricciones para exportar, requerimientos de oferta doméstica que nos obligan de vez en cuando a desviar parte de la oferta de exportación o de mercados industriales para satisfacer la demanda doméstica para consumo (local), y crecientemente pesadas cargas (retenciones) de exportación sobre los volúmenes de hidrocarburos que se permiten exportar. Estas limitaciones de precios, controles de exportación y políticas impositivas han sido implementados en un esfuerzo por satisfacer una creciente demanda en el mercado doméstico a precios por debajo de los del Mercado internacional[1]".

[1] El original en inglés dice: The Argentine oil and gas industry has been and continues to be subject to certain policies and regulations that have resulted in domestic prices that are, in some cases, substantially lower than prevailing international market prices, export restrictions, domestic supply requirements that oblige us from time to time to divert supplies from the export or industrial markets in order to meet domestic consumer demand, and increasingly heavy export duties on the volumes of hydrocarbons allowed to be exported. These governmental pricing limitations, export controls and tax policies have been implemented in an effort to satisfy increasing domestic market demand at prices below international market prices".

Quise transcribir este párrafo pues el mismo parece sugerir que la empresa, ya meses antes de comenzar esta serie de reclamos gubernamentales, parecía advertir que estas regulaciones no eran inicuas respecto de sus decisiones de exploración y producción. Si bien esto último no aparece explicitado en los párrafos sucesivos, parece sugerente que este párrafo sea lo primero que YPF afirma para comentar la regulación local en la industria. De hecho, este punto no solamente ha sido sostenido por la empresa sino también por analistas con experiencias de funcionario público como Daniel Montamat (ex presidente de YPF en su época de empresa estatal) e inclusive el ex jefe de gabinete de la Presidente Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, se refirió a este tema en un reportaje en el programa de TV de Joaquín Morales Solá de hace un mes, aproximadamente, cuando afirmó que era difícil invertir o producir más con precios de boca de pozo como los que cobran las empresas.

Antes de proseguir con comentarios cualitativos, es al menos importante tener una idea cuantitativa de lo veraz (o no) que son los comentarios de la empresa respecto de los precios.

En esta primer figura se grafica la evolución de la diferencia entre el precio internacional (WTI) y el precio a nivel de cada provincia de petróleo crudo por barril. Las estadísticas de precios provinciales son provistas por la Secretaría de Energía de la Nación. Esta figura muestra, efectivamente, una tendencia al crecimiento del diferencial entre el precio WTI y el doméstico, con excepción de la crisis financiera de 2008 que indujo a una fuerte caída del precio del crudo a nivel internacional, aunque con la recuperación del mismo desde 2009 el diferencial volvió a valores positivos significativos.

Esta segunda figura realiza una comparación algo diferente de la anterior, para el caso del gas natural. En este segundo caso, se compara el promedio del precio del gas natural con destino al mercado doméstico con el promedio del precio del gas natural con destino de exportación. Vale la pena destacar que en este último caso solamente tres de las diez provincias productoras presentan precios de exportación, mostrando que pocas provincias producen una escala suficiente para presentar excedentes exportables (dadas las regulaciones existentes). En esta segunda figura se muestra que la diferencia (representada por la línea verde, que muestra el porcentaje del promedio de precios domésticos sobre el promedio de precios de exportación) tuvo un brusco aumento en la crisis de 2002, aunque con un leve descenso hasta 2006, en el que se observó un sostenido incremento de este diferencial, hasta llegar a que en 2011 el precio doméstico significase apenas un 10%-11% aproximadamente del precio de exportación.

Estos gráficos parecen confirmar, al menos, el hecho que el reporte de YPF menciona en el párrafo transcrito arriba: los precios del mercado doméstico son claramente menores a los internacionales. Ahora bien, alguien puede preguntar: ¿qué tiene de problemático este esquema de precios? ¿No es acaso este tema de los precios una excusa de las empresas para no producir? ¿No deberían igualmente de hecho invertir y producir más por obligación contractual (y moral), más allá de que la regulación les ponga precios más o menos favorables? Este debate no es realmente nuevo en el análisis del sector en Argentina. Es posible encontrar autores "de uno u otro lado" que han escrito distintos artículos en los últimos diez años. En el próximo post comentaré acerca de lo que se ha escrito hasta 2011 acerca del debate entre la visión del "deber contractual-cívico-moral" versus la de la "rentabilidad".