Ayer los rumores sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley para estatizar YPF fueron la nota del día. En el costado político es una decisión consistente con el rumbo nacionalista a ultranza que decidió adoptar el gobierno de Cristina al ver que una política más ortodoxa de ajuste tenía costos políticos internos difíciles de digerir (como ilustra el post de ayer sobre España ni un supuesto halcón fiscal como Mariano Rajoy es sabio el arte de ajustar). 

En el costado económico el gobierno pretendería, según los rumores, hacerse del control de YPF comprando solamente el 50,01% del paquete accionario. Esta idea tiene sentido considerando los desequilibrios fiscales que atraviesa el país y resultaría, inevitablemente, en la expropiación del capital del resto del 49,99% (cualquier similitud en este razonamiento con lo que piensa el 46% que no votamos a Cristina no es pura casualidad). ¿Por qué? Pues el gobierno no manejaría la empresa con criterio de maximización de beneficios, sino con criterio "social" de aumentar la inversión y producción de petroleo y gas, sin aumentar los precios al consumidor final de estos productos. A la larga esta política se sabe que termina con una empresa quebrada (como lo estaba YPF antes de su privatización en los noventa). 

El problema que encontró el gobierno para realizar el anuncio ayer es el flanco jurídico. Los estatutos de la empresa especifican que si un accionista compra más del 15% de las acciones está obligado a hacer una oferta por el total de las acciones de la misma. ¿Para qué está esta cláusula? Justamente para obligar a un comprador que actuara con motivos estratégicos difierentes de la maximización de beneficios (no solo el Estado, pudo haber sido un competidor privado que, por algún motivo, buscara hacer a la empresa menos eficiente), y que quisiera hacerse del control de la empresa, a ofrecer una salida razonable a los accionistas minoritarios existentes. Basta mirar la cantidad de ejemplos de empresas que se privatizan y estatizan en el sector (no solo en Argentina, sino en Bolivia, Ecuador, y Venezuela solamente en América Latina) para entender que esta era, y es, una preocupación coherente. 

España venía reaccionando diplomáticamente a la agresión del gobierno argentino, pero ayer y hoy varios funcionarios salieron a hacer declaraciones que muestran que Cristina se encuentra a punto de poner a la Argentina, y después de 30 años de Malvinas, en "guerra" con un país europeo (ver acá y acá). Y si Cristina cree que tendrá un respiro en la próxima cumbre de las Américas, que no lo espere de la reunión que tendrá con Barack Obama. Hay más de un 15% del paquete accionario de YPF que cotiza en EEUU y los norteamericanos se toman muy en serio a sus mercados de valores (no me extrañaría que la SEC abra una investigación por manipulación de mercado contra el gobierno argentino, especialmente debido a que, según rumores, aprovechando el serrucho en la cotización la ANSES habría estado operando en el NYSE). 

Como sostiene hoy Jorge Asís en su blog analizando el conflicto, "Nuestra Cesar no arruga": 

Como se dijo, Cristina no arruga. No sabe arrugar. Su sistema de cambios funciona desde la primera hasta la quinta. Carece de la "marcha atrás". Pero con Repsol-YPF, si aún no arrugó, Nuestra César no tuvo otra alternativa que postergar el lanzamiento heroico. Junto a El Gótico [Kicillof] y El Descuidista [Boudou]. La expropiación revolucionaria, para fortalecer el "modelo de inclusión".

Ocurrió que desde España llegó el mensaje, oportunamente filmado, del ministro de Industria y Turismo de España. "Habrá consecuencias", apretó el ministro Soria (acaso uno de "Los Soria", escapado del novelón de Alberto Laiseca). Pero también llegó el mensaje, siempre componedor, de José Manuel Durao Barroso. Ex canciller de Portugal, es el cientista social que tiene la changa de presidir la Comisión Europea...

El anuncio, patrióticamente, fue interrumpido.

Considerando que la impericia de este gobierno nos está conduciendo, laberinto mediante, a un conflicto internacional, me parece necesario plantear alternativas para minimizar los daños en caso que efectivamente no se pueda "arrugar". ¿Cómo era el plan original de expropiación? Aparentemente por ley comprar el total de la participación de la familia Eskenazi y una parte de la participación de Repsol para llegar al 50,01% del total. Como Repsol tiene el 57,4% y los Eskenazi un 25% esto dejaba a Repsol con un 32% de acciones no deseadas (por la mencionada expropiación de los accionistas minoritarios si YPF vuelve a control estatal).

Propongo una alternativa que, sin implicar la compra del 100% de la empresa, minimizaría el conflicto externo: que Argentina le compre - ley mediante - la totalidad del paquete accionario a Repsol (o la casi totalidad dejándole en sus manos un 7,3%) sin comprar el 25% en manos de Eskenazi. ¿Por qué? Por la simple razón que Eskenazi es un empresario argentino, que si bien no estará contento de ser el socio minoritario del Estado, su bronca es local, y además moderada porque, no nos olvidemos, accedió a la empresa de la mano de Él. Si bien el resto de los accionistas minoritarios, incluyendo fondos de inversión norteamericanos, estarán igualmente fastidiados, sacamos a España y el resto de la UE del problema.