Me tomé unos días para escribir este post, que sale publicado en el medio de la euforia oficialista por la aprobación masiva en el Senado del proyecto que confisca YPF. Es increíble la nulidad total de la mayoría de la oposición que no supo esgrimir argumentos ante el avance arrollador del kirchnerismo. Ni siquiera pudieron articular una variante de esta frase simple de una nota de Luis Majul que publica hoy La Nación (la que mejor estuvo fue María Eugenia Estenssoro): 

¿Quiénes, con un mínimo de sentido común, se atreverían a criticar a Hermes Binner, Fernando "Pino" Solanas, Luis Juez, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz y Gerardo Morales si dijeran, por ejemplo, "estamos de acuerdo con que el Estado tenga la mayoría de YPF, pero no estamos de acuerdo con esta expropiación y por eso votamos en contra"?

Pero bueno, la sociedad los votó y son el fiel reflejo de sus preferencias: quiere paternalismo y en este caso la oposición quiere tener al oficialismo de "padre" (mejor dicho de "madre"). Vayamos a un punto concreto, que es la indemnización que el Estado argentino tendría que pagarle a Repsol por la nacionalización de su participación en YPF. Al respecto cito una nota de la semana pasada de Nosis: 

Mientras tanto, los accionistas de YPF aspiran a que el valor se fije en base al estatuto de la petrolera, que establece que ante una "compra de control" se utilizará el más alto de cuatro métodos de valuación posibles. En este caso, sería el que toma el mayor valor de la acción en los últimos dos años: el 5 de enero de 2011, cuando la acción de la empresa en Wall Street alcanzó un techo de 54,58 dólares. Con eso, el costo de la expropiación superaría los 10.900 millones de dólares.

Esta mañana, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, cifró el valor de YPF en 18.300 millones de dólares, por lo que el 51 por ciento que perdería la petrolera implicaría 10.500 millones.

Pero el Gobierno buscará pagar menos, asumiendo costos legales moderados, porque "la facultad legal de un país para expropiar una empresa que considera de utilidad pública no se puede cuestionar, lo que se puede disputar es el precio", aseguró Eugenio Bruno, especialista en derecho financiero.

El especialista consideró también que podría generarse un conflicto de jurisdicciones porque un juez de Nueva York podría declararse competente y el CIADI también.

"Pero si un juez argentino también lo hace, las normas locales van a primar por sobre las extranjeras y difícilmente los fallos del exterior se hagan efectivos", sostuvo Bruno.

El valor de la empresa el 24 de enero pasado, antes de que el conflicto con el Gobierno derrumbara el precio de las acciones, sería de 44,1 dólares por título, por lo que la expropiación costaría más de 7.800 millones de dólares.

Mientras tanto, en el Gobierno admiten que podrían recurrir a fondos del Banco Central (BCRA) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para asumir el costo de la expropiación. Pero el organismo previsional podría aportar apenas 4.000 millones de pesos líquidos, y para pasarlos a dólares tendría que pasar por el mercado cambiario, algo que el Gobierno buscaría evitar.

Con eso, las reservas del Central serían la mejor opción para alcanzar los entre 7.000 y 11.000 millones de dólares en efectivo necesarios, colocando al Central un bono emitido por el Tesoro.

Una primera aclaración es que el valor del paquete de "control" de una empresa es mayor que el valor resultante de multiplicar la cantidad de acciones por el precio de mercado. Esto es así pues tener el control de la empresa permite a los nuevos dueños orientar las decisiones estratégicas en la dirección que mejor les convenga. Por este motivo cuando Repsol se hizo del control de YPF en 1999, la acción subió de precio los días previos al anuncio: se estaba acercando al "valor" pleno incluyendo el control. Lo decía Daniel Montamat en esos días:

Pero Repsol no pagó un plus sobre el precio de mercado por la compra en bloque de las acciones sólo para ocupar un asiento en el directorio de YPF. Repsol quiere el control de YPF.

Después de hacer esta aclaración técnica, la cita de la nota de Nosis es clara, según el estatuto de la empresa Argentina debiera pagar 10900 millones de dólares. Incluso el valor de la expropiación sería de  7800 millones si tomamos la cotización del 24 de enero de este año, previo a la campaña de hostigamiento por parte de los gobiernos nacional y provinciales. Algún lector con fervor nacionalista dirá que el valor a lo sumo debería ser el previo al anuncio de la estatización el 14 de abril. Pero no olvidemos que desde fines de enero varios gobiernos provinciales quitaron concesiones a YPF. Y ya las están devolviendo, dejando en evidencia que las medidas tuvieron un objetivo político y no técnico. 

También hay quienes cuestionan el valor de libros de los yacimientos de gas y petróleo no convencional (Vaca Muerta el más nombrado). Y otros que ahora quieren endilgar a YPF una pila de pasivos por contaminación ambiental, las mismas personas que defienden a ultranza de la minería a cielo abierto, pero ¿qué le hace una contradicción más al relato? La respuesta a ambos es que la cotización de mercado nos da la mejor valoración posible tanto de activos como pasivos contingentes. El valor de mercado de YPF reflejaba la apreciación que los inversores hacían del potencial de Vaca Muerta así como también de los posibles juicios por contaminación ambiental que se tuvieran que enfrentar. Y como ya dije, el control de la empresa vale más que la cotización de mercado, así que esta marca una cota inferior. Por eso la diferencia entre los citados 10900 y 7800 millones.