El viernes pasado el viceministro de Economía Axel Kicillof anunció la regulación del sector eléctrico bajo el sistema de "cost plus". Este consiste en la fijación de tarifas que reflejen los costos operativos de las distintas empresas más un porcentaje de ganancia "razonable".

En los hechos es el certificado de defunción formal del marco regulatorio de los noventa que ya era letra muerta desde la devaluación y pesificación de tarifas. Veamos qué cambia y qué no con este anuncio.

Para las empresas es un alivio escuchar hablar de rentabilidad pues la mayoría presenta quebrantos operativos que las estaban empujando al default en sus obligaciones. Como informó ayer Carlos Pagni en nota en La Nación, varias distribuidoras habían dejado de pagar a CAMMESA para poder afrontar los últimos aumentos salariales:

El segundo motivo del avance de Kicillof es que la ruina del sistema agrava la crisis fiscal. Edesur, Edelap y, sobre todo, Edemsa dejaron de pagar a Cammesa -compañía mixta que organiza al sector- parte de la energía que consumen, para pagar el aumento salarial de $ 2000 pactado con Luz y Fuerza. El titular de Cammesa, Juan Manuel Abud, otro subordinado de Kicillof, debió pedir más auxilios al Tesoro.

De manera que una primer lectura parece indicar que poco ha cambiado salvo el reconocimiento que las empresas del sector deben recibir mayores ingresos para evitar el colpaso energético. Más tarde veremos en que medida esto se lleva a cabo a través de mayores tarifas y en que medida via mayores subsidios (los impulsos re-reeleccionistas me sesgan a pensar que aumentarán los subsidios).

Una lectura más profunda revela que la mayor intervención en este mercado tendría efectos negativos. Con tarifas competitivas (no las actuales), las empresas del sector, particularmente en generación, tienen incentivos a mejorar la eficiencia para obtener una mayor rentabilidad. Si a partir de ahora las empresas reciben una compensación por sus costos más un "plus" entonces perderán los incentivos a mejorar la productividad ya que ello resultaría en un menor costo y por ende en una reducción en la compensación estatal. Se pierde así definitivamente una ventaja de la vieja regulación, que privilegiaba a los operadores más eficientes (al darles más despacho de energía).

Es de esperar que cuando en el futuro tengamos un gobierno más pro mercado que este, se derogue de un plumazo esta regulación ineficiente. Que se mantengan las regulaciones para sectores monopolísticos (transporte y distribución), y eventualmente con fines estratégicos, como ser alentar la diversificación (inteligente) de la matriz energética.