Domingo Cavallo |
| Todas las provincias deberían imitar a Córdoba Posted: 08 Aug 2012 08:32 PM PDT La legislatura de la Provincia de Córdoba está por aprobar una ley que denuncia el Pacto Federal Fiscal de 1992. El objetivo es recuperar para las provincias el 15 % de la masa de recursos coparticipables que fueron afectados al financiamiento del Sistema Nacional de Seguridad Social. Yo, que en aquellos años fui el negociador por la Nación de este pacto y del que lo complementó en 1993(apoyado por Juan Carlos Pezoa, entonces subsecretario de Relaciones Fiscales Nación Provincias y actual Secretario de Hacienda) quiero dar testimonio de que la Provincia de Córdoba tiene razón en su planteo actual. La Nación hace mucho que ha dejado de cumplir con los compromisos que asumió frente a las provincias en oportunidad de aquellos pactos. Y las condiciones que en aquella oportunidad llevaron a todas las provincias a firmar estos acuerdos son hoy ya no existen. Paso a enumerar los argumentos que yo lleve entonces como Ministro de Economía de la Nación a la mesa de negociación para solicitar a las provincias que colaboraran con el financiamiento del Sistema de Seguridad Social.
Desde abril de 1991 las provincias estaban recibiendo una proporción mucho mayor de los recursos recaudados por la Nación porque con la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad habían desaparecido dos fuentes de financiamiento no coparticipable: la emisión monetaria y las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias que hasta marzo de 1991 y durante toda la década del 80 habían representado más de las dos terceras partes de los recursos disponibles para financiar al Sector Público. Cómo sólo se distribuía, aproximadamente por mitades, el 33% de los recursos tributarios, hasta marzo de 1991 las provincias recibían apenas el 16 o 17 % de los recursos disponibles para financiar el gasto de la Nación y de las provincias. A partir de abril de 1991, como aquellos recursos no coparticipables (emisión y retenciones) fueron completamente remplazados por recaudación efectiva de impuestos coparticipables, las provincias comenzaron a recibir alrededor del 50 % del total en lugar del magro 16 o 17 % anterior. Hoy, la situación se ha revertido totalmente y las provincias reciben una proporción muy parecida a la que recibían en la década del 80 y hasta marzo de 1991 por la simple razón de las principales fuentes de financiamiento del Sector Público han vuelto a ser las retenciones agropecuarias y la emisión monetaria, ninguna de las cuales integra la masa de recursos coparticipables. Por consiguiente aquel argumento que yo esgrimí en 1992 ya no es válido. En 1992 la eliminación de las retenciones agropecuarias hicieron posible que las Provincias pudieran recaudar más a través del impuesto inmobiliario rural, una de las principales fuentes propias de financiamiento. Hoy también esa ventaja para las provincias ha desaparecido porque la enorme carga tributaria que las retenciones significa para las actividades rurales no permiten a las provincias recaudar cifras significativas con el impuesto inmobiliario rural dado que, como es de esperar, el sector agropecuario resiste la actualización de las valuaciones. Además, cuando negociamos aquellos pactos fiscales, la Nación se comprometió a devolver a los trabajadores la titularidad de los aportes personales jubilatorios, los que dejarían de ingresar a la ANSES e irían a cuentas de ahorro y capitalización individual de cada trabajador. Más aún, los gobernadores se sumaron al pedido de la Nación para que el Congreso Nacional sancionara la reforma Previsional que remplazaría el sistema de reparto por uno de capitalización individual. Este compromiso nacional, que se hizo realidad con la aprobación del nuevo Sistema Previsional en 1994 ha sido completamente revertido desde que se eliminaron las cuentas individuales de los trabajadores que eran administradas por las AFJP's y los aportes personales han vuelto a ser recursos ordinarios de la ANSES. Otro compromiso que asumió la Nación fue el de reducir los aportes patronales para abaratar el costo laboral sin afectar el salario de bolsillo de los trabajadores. Se dispuso, en el pacto fiscal de 1993, que esta reducción debería ser mayor a medida que era más bajo el nivel de desarrollo del área geográfica en la que estaba empleado el trabajador y a medida que mayor fuera la distancia desde Buenos Aires. Este era un beneficio importante para las provincias, porque aumentaba la competitividad y alentaba la creación de empleos formales en las economías regionales. En la actualidad la Nación cobra los más altos aportes patronales jubilatorios de la historia y no queda ningún vestigio de reducciones enderezadas a alentar la creación de empleo formal o aumentar la competitividad de las economías regionales. La afectación del 15 % de la masa de recursos coparticipables al financiamiento de la ANSES tenía por objeto remplazar la reducción en la recaudación de aportes patronales y el re-direccionamiento hacia cuentas individuales de los trabajadores de sus aportes personales. Ninguna de estas dos razones existe en la actualidad. Como además, las provincias reciben un porcentaje mucho más reducido de los recursos que consigue la Nación a causa de que las dos principales fuentes de financiamiento que reaparecieron luego del abandono de la convertibilidad no se coparticipan, es absolutamente claro que las provincias tienen todo el derecho a pretender recuperar aquel 15 % de la masa de recursos coparticipables. Ojalá todas las provincias demuestren tener la responsabilidad y el coraje que está demostrando la Provincia de Córdoba al plantear, con toda justicia, que la Nación deje de retener aquel 15 % y lo distribuya entre las jurisdicciones locales según los coeficientes que marca la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos vigente. Entre paréntesis, vale la pena que quienes lean este artículo, no dejen de leer atentamente el texto del Pacto Federal Fiscal de 1992 y el del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993. De su lectura surge claramente la enorme diferencia que existe entre la absoluta falta de comunicación y coordinación entre la Nación y las Provincias que prevaleció en la última década con la permanente negociación y trabajo conjunto que existió en la década del 90. Es una lástima que el Gobierno de los Kirchner no haya seguido la metodología de aquellos pactos federales fiscales en los que el propio Nestor Kirchner y el actual Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, actuaron como importantes negociadores. Me angustia observar que Nestor Kirchner, que por entonces actuaba como un gran defensor del Federalismo, haya adoptado la actitud opuesta y la haya proyectado hacia el Gobierno de su esposa. |
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Publicado por Pako para Noticias economicas el 8/09/2012 06:06:00 a.m.
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