Por Enrique Kawamura
Finalmente, en el último mes de abril el contexto del mercado de combustibles cambió a una velocidad pocas veces vista. Cuando subía el post del mes pasado la restatización de YPF no era más que uno de los escenarios que se venía pensando, aunque nunca confirmada por funcionarios del gobierno. Un mes después esta ya es una realidad.
No es mi objetivo, como varios lectores ya conocen, intentar opinar livianamente sobre este caso. Más allá de la discusión que venía planteando aquí, relativo a los hechos concretos que las estadísticas oficiales de la empresa y de la Secretaría de Energía reflejaban sobre YPF y otras empresas, a partir de ahora parece que es más apropiado pensar en la restatización/ expropiación de la empresa como evento a analizar con algún detenimiento. Como hace un tiempo lo vengo haciendo, la propuesta es analizar este evento a la luz de lo que distintos investigadores han venido estudiando sobre temas relacionados.
En los últimos cinco años aproximadamente, la posible expropiación (esta es la palabra usada por los autores) por parte del Estado de las concesiones o de las empresas que el mismo haya otorgado a vendido a compañías privadas ha sido objeto de estudio por parte de distintos investigadores. De todos estos trabajos en este post me interesa brevemente contar los resultados de uno de los más recientes, escrito por Stroebel y van Benthem (2012)[1], que cuenta con un estudio teórico-empírico de contratos de extracción de petróleo en países no afiliados al OPEC.
Este paper desarrolla un modelo dinámico de diseño de un contrato entre un gobierno con capacidad de expropiación y una empresa privada para la extracción de un recurso no renovable, bajo el supuesto de que para el gobierno expropiar es costoso, pero que el verdadero valor de este costo (el cual es ex - ante aleatorio) no es observable para la empresa privada en cada período. Es importante hacer notar que este modelo sufre por la ausencia de una variable que, en el caso de la discusión suscitada en Argentina, es clave, la inversión en exploración y explotación.
El modelo de Stroebel y van Benthem (2012) predice que, como parte de este "contrato de equilibrio bajo información asimétrica", el gobierno decide quitarle la concesión a la empresa cuando, o bien (la realización del) costo de expropiación es baja, o bien cuando el precio del petróleo es suficiente alto. Estas predicciones tienden a verse confirmadas en las estimaciones econométricas, las cuales utilizando métodos Probit aplicados a datos de distintas fuentes: datos fiscales de la consultora WoodMackenzie, datos de expropiaciones de otro paper anterior escrito por Guriev, Kolotlin y Sonin (2010)[2] y del World Investment Report 2007, datos de calidad institucional de la base Polity IV y del Grupo PRS.
Las regresiones indican que, en promedio, un incremento de un desvío standard del precio del petróleo aumenta la probabilidad de expropiación en 0,63 puntos porcentuales. Por otra parte, países con mayor expertise en producción hidrocarburífera (medido por la extracción acumulada de hidrocarburos) implica una mayor chance de expropiación. Más importante aún es el efecto de una mayor calificación en el índice del Investment Profile Score (una proxy de un mayor costo de expropiación): un incremento de un desvío standard en esta variable implica una caída de 0,7 puntos porcentuales en la probabilidad de expropiación.
A la luz de esta evidencia y del análisis teórico subyacente, tal vez sea posible, no tanto aplicar literalmente estos resultados al caso argentino (de hecho, Argentina no está incluida en la base de datos del mencionado paper) pero sí capturar algunos resultados analíticos para interpretar mejor la decisión del gobierno argentino. Me parece interesante pensar que, tal vez, este año 2012 sea un año en el que, efectivamente, el costo de restatización/ expropiación de YPF para el gobierno sea bajo, en al menos dos dimensiones. En primer lugar, dada la proximidad del año eleccionario anterior (2011), más allá de cuestiones relacionadas con problemas de corrupción y el tema de la tragedia de Once, todavía sea un año en el que la popularidad del Poder Ejecutivo sea alto relativo a otros momentos. De hecho, al menos en la cuestión relacionada con YPF, las encuestas arrojaban el resultado de que la mayoría de los encuestados estaba de acuerdo, al menos, con tener una petrolera "de bandera" y que ésta sea de las más importantes (aunque no todos éstos estaban de acuerdo con el método utilizado para la restatización). En segundo lugar, España está atravesando por una recesión/crisis que claramente pone al tema de Repsol en un segundo, tercero o cuarto plano en las preocupaciones de los españoles, además del hecho de que, efectivamente, el resto de los países fuertes de Europa y aún los funcionarios de los organismos multilaterales no se hayan pronunciado fuertemente contra esta decisión. En estas dos cuestiones parece que, más allá de las consecuencias que pueda tener a corto y a largo plazo, no es ilógico el timing elegido para restatizar la principal petrolera y empresa gasífera del país.
WordPress.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario